La crisis de esta regionalización centralizada

El breve pero intenso episodio de movilizaciones ciudadanas protagonizadas por los magallánicos en la primera quincena de enero del 2011, por los ayseninos en febrero de 2012, puso de manifiesto varias falencias que afectan al sistema político e institucional chileno: una de las más notorias es la crisis de las relaciones institucionales existentes entre el Estado central y las regiones.  Un centralismo agobiante aqueja al aparato estatal chileno, del mismo modo como las empresas y corporaciones privadas no se salvan del mismo centralismo corporativo que acusan en las instituciones del aparato público.

Cabe preguntarnos si la elección directa de los Consejeros Regionales -un anuncio  político y electoral archirrepetido que no se cumple nunca- o la elección universal del Intendente Regional, como propone el Senador de la República Pedro Muñoz, vendrían a subsanar una falla estructural en el sistema institucional del Estado donde, en definitiva, las decisiones, las facultades y atribuciones y la asignación de los recursos fiscales dependen de autoridades y organos del Estado radicados en la capital.

El centralismo está instalado no solo en las instituciones y las organizaciones, reside también en el subconsciente colectivo de la clase política y gobernante, de la clase dirigente y empresarial.

Visto desde una perspectiva estrictamente política el Estado chileno aparece ante los ciudadanos como un aparato piramidal donde las grandes instituciones y poderes emanan de la soberanía popular -en una democracia aún incompleta- mientras que las instituciones regionales y locales siguen dependiendo de los poderes centrales y de autoridades ubicadas en el nivel central: hoy en Chile “pesa” más el Subsecretario de Desarrollo Regional (dependiente del Ministerio del Interior) que un Intendente, un Gobernador o un Alcalde…

Se trata de un virus centralista que impregna la casi totalidad del sistema económico, administrativo y político: las decisiones principales están radicadas en un conjunto de Ministros y Subsecretarios o directamente en la autoridad presidencial, en las directivas nacionales de los partidos políticos, en los directorios y gerencias generales de las empresas, en los directorios de las empresas del Estado, de donde resulta que hay autoridades regionales y locales (Intendentes, Gobernadores, SEREMIS, Jefes de Servicios, Gerentes de sucursales…) que terminan dependiendo  siempre de la decisión final que se adopta en Santiago.

En este modelo de regionalización centralizada, el proceso de toma de decisiones comienza y termina en autoridades radicadas en la capital del país.

En el aparato del Estado chileno se han ensayado en los últimos treinta o cuarenta años sucesivos e interrumpidos procesos de regionalización, tentativas de descentralización y de desconcentración, que han terminado finalmente ahogados por la fuerza imperativa casi inevitable del centralismo presidencial e institucional.

En un Estado unitario, basado en una Constitución de orígen autoritario y de formato presidencialista y centralizado, toda demanda regional, toda expresión regionalista termina subsumida dentro de un unico patrón de conducta y de toma de decisiones: siempre hay una autoridad central que decide.  El que la demanda ciudadana magallánica por “No al alza del gas” (un tema sectorial de una empresa estatal y dos Ministerios) haya tenido que ser zanjado por el Presidente de la República (en comunicación telefónica con un Ministro enviado a la región a “negociar” con la Asamblea Ciudadana de Magallanes), refleja y desnuda esta regionalización centralizada, y donde las autoridades políticas regionales pecaron de omisión y de incapacidad para resolver localmente una demanda ciudadana que no supieron anticipar ni resolver.

Desde la época de la regionalización desarrollista iniciada por Frei Montalva (1964-1970) pasando por el diseño regionalizador propuesto por la Unidad Popular (1970-1973), la regionalización autoritaria del régimen militar (1975) condujo al actual esquema de regiones con una proliferación de comunas, pero resultando una regionalización aun más centralizada y vertical, y las sucesivas reformas parciales del modelo de regiones desde 1990 en adelante en el marco de la Modernización del Estado, solo han dado como resultado un leve reforzamiento de las facultades e instituciones regionales, mientras en definitiva el Estado central conserva lo esencial de las atribuciones, las facultades, la asignación de los recursos y la toma de decisiones.

¿Para cuándo van a existir los servicios públicos regionales?

¿Para cuándo los ciudadanos de las regiones van a elegir todas sus autoridades regionales?

¿Para cuándo los plebiscitos regionales vinculantes?

¿Para cuándo las regiones podrán crear sus propios impuestos y conservar el uso y la facultad de invertir sus propios recursos en su propio desarrollo regional?

¿Para cuándo las regiones podrán disponer de niveles mayores de autonomía, como para decidir su propio desarrollo?

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